La Guardia Civil es la institución de seguridad pública de ámbito estatal española más antigua que existe actualmente.
Por un real decreto de 26 de enero de 1844, se crearía el Ramo de Protección y Seguridad.
Prohibido hacer ningún gasto con tal objeto, se dispuso en el de 1840 que se propusiera con urgencia la organización que debería tener “la policía de protección y seguridad”. Éste era el nuevo nombre que cuatro años antes se le había dado a la Policía General del Reino, para cambiar su devaluada imagen pública.
A la vez que se dispuso la abolición de la conocida como “Policía secreta” (denominación más popular que institucional), el resto de lo quedaba de la institución policial, es decir, en materia de seguridad ciudadana y administrativa, pasase a depender de las autoridades municipales que determinaba la repuesta “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias”, aprobada por real decreto de 3 de febrero de 1823 y sancionada como ley el 2 de marzo siguiente.
Hubo que esperar hasta el citado real decreto de 1844 para que por fin se dispusiera la organización en el seno del Ministerio de la Gobernación de la Península, del Ramo de Protección y Seguridad.
Tal y como se relataba en el preámbulo de dicho real decreto, se asumía y se reconocía que “la abolición completa de la policía trae su origen del año 1840″, era indispensable que el gobierno pudiera “velar eficazmente por las personas y los bienes de todos”. Se renegaba de la anterior institución policial, calificándola de “irresponsable y secreta”, mientras se abogaba por la creación una nueva: “Creada la policía bajo una forma de Gobierno, que se cuidaba menos de los individuos que de bastardas miras de parcialidad; organizada bajo la influencia de las pasiones políticas más bien que sobre la base de intereses puramente sociales; servida en ocasiones por agentes, que desconociendo la índole de la institución, y revestidos quizá de sobradas atribuciones, no acertaban a conciliar el desempeño de su autoridad protectora con el respeto debido a la libre acción y a la independencia doméstica de los vecinos honrados y pacíficos, no es mucho que el sólo nombre de la policía suscite desconfianzas y temores, y que hayan sido menester algunos años del más completo desorden social para persuadir la utilidad y la urgencia de su establecimiento”.
Derogada por real decreto de 30 de diciembre de 1843 la mentada “Instrucción para el Gobierno económico-político de las provincias”, la protección y seguridad pública pasó con el mencionado real decreto de 1844, a estar exclusivamente a cargo del Ministerio de Gobernación de la Península.
En su artículo 10º se dispuso que el ministro propusiera, “con la urgencia que el servicio público reclama, la organización de una fuerza especial destinada a proteger eficazmente las personas y las propiedades, cuyo amparo es el primer objeto del ramo de protección civil”.
Y así se hizo. Tan sólo dos meses después, el 28 de marzo, se dictó un real decreto que disponía la creación del Cuerpo de Guardias Civiles, “con el objeto de proveer al buen orden, a la seguridad pública, a la protección de las personas y de las propiedades, fuera y dentro de las poblaciones”.
El inicio de su preámbulo no dejaba duda alguna: “El Gobierno ha menester una fuerza siempre disponible para proteger las personas y las propiedades; y en España, donde la necesidad es mayor por efectos de sus guerras y disturbios civiles, no tiene la sociedad ni el Gobierno más apoyo ni escudo que la milicia o el Ejército, inadecuados para llevar este objeto cumplidamente o sin perjuicios”.
Quedaba por lo tanto perfectamente claro que no existía ninguna otra institución de seguridad pública estatal y de ámbito nacional para servir y proteger al ciudadano cuando se creó el Cuerpo de la Guardia Civil, organizado por real decreto de 13 de mayo de 1844.
Tal y como escribiría el insigne literato Benito Pérez Galdós, “fue creado en el seno de España un ser grande, eficaz y de robusta vida: la Guardia Civil”. Casi 179 años después de su fundación, de los de verdad, la “Benemérita”, tal y como fue bautizada popularmente, sigue caminando y es la institución de seguridad pública de ámbito estatal española más antigua que existe actualmente. ¡Larga vida a la Guardia Civil y a la Policía Nacional!. España necesita a ambas.